Balanzas fiscales

21 de septiembre de 2015

Las ansias de independencia que se han impuesto en ciertos sectores de Cataluña se han visto alentadas por el hecho de que Cataluña aporte a la Administración Central más fondos de los que ésta invierte en aquel territorio lo que ha hecho que se llegara a decir aquello de "España nos roba". Sin embargo, las cosas no son tan sencillas. Veámoslo.

Las balanzas fiscales son las que miden esas diferencias entre lo que se aporta y lo que se recibe. Sin embargo, habría que cuestionarse si el uso de las balanzas fiscales es conveniente o no. Y ello por varios motivos que afectan tanto al lado de los ingresos como al de los pagos.

Por el de los ingresos a la Administración Central, lo primero que hay que tener claro es que quien paga no es el territorio, en este caso la Comunidad Autónoma de Cataluña, sino que son las personas, físicas y jurídicas, allí residentes quienes lo hacen. Son ellas las que pagan los impuestos correspondientes y, dado que algunos de éstos, como el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, son progresivos (paga más quien más gana), en los territorios donde hay más riqueza y se gana más, también se paga más. Si, como parece, lo que se pretende es que lo que se recaude en un territorio se invierta en ese territorio, entonces nunca se produciría la equiparación de riqueza entre unas zonas y otras que debe ser el objetivo de todo gobierno. Al contrario, cada vez se alejarían más, ampliándose la brecha entre las comunidades más ricas y las más pobres, que nunca llegarían a tener todos los servicios e infraestructuras de que gozarían las ricas.

Pero, además, no es fácil determinar qué parte de los ingresos corresponde a cada comunidad ya que, por ejemplo, una sociedad con domicilio fiscal en Cataluña que tenga fábricas o delegaciones en otras comunidades ingresa en Cataluña el IVA de las ventas de todas sus fábricas, estén donde estén; ingresa en Cataluña las retenciones de todos sus trabajadores, aunque trabajen en otras comunidades; ingresa en Cataluña el Impuesto de Sociedades que le corresponde pagar por los beneficios que obtiene, aunque parte de esos beneficios provenga de las fábricas de otras comunidades. ¿Se está teniendo en cuenta esto, que no es nada fácil de determinar, siendo, como son, las declaraciones de cada impuesto únicas?

¿Y qué decir de los gastos e inversiones que realiza la Administración Central? ¿Por qué tienen que guardar correspondencia con lo que paga cada comunidad? La Administración Central tiene que procurar proporcionar a todos los ciudadanos, sean de una comunidad o de otra, las mismas prestaciones y lo cierto es que proporcionarlas en un lugar puede ser mucho más costoso que en otro. Es el caso, por ejemplo, de las carreteras o vías de ferrocarril, sea AVE o no. No es lo mismo, por ejemplo, hacerlas en comunidades como Cantabria, con una orografía que multiplica los costes, que en Castilla, donde dominan las llanuras. No es lo mismo hacer carreteras de 50 km. que de 200, y hay comunidades que, por su tamaño, exigen mayores inversiones que otras más pequeñas.

La equiparación de lo invertido con lo pagado condenaría a zonas con poca población, que, por consiguiente, pagan pocos impuestos, a no recibir inversiones, lo que agravaría su situación, contribuyendo aun más a su despoblación.

Se da el caso, además, que hay infraestructuras que atraviesan varias comunidades. Piénsese, por ejemplo, en el AVE Madrid-Barcelona. La inversión que se realiza en Aragón cuenta para esta comunidad autónoma pero no para Cataluña y para Madrid. ¿Es que acaso no se benefician madrileños y catalanes de ella?

Lo expuesto son algunos ejemplos que ponen de manifiesto que el uso de las balanzas fiscales no debiera hacerse alegremente. ¿Qué pasaría si el Ayuntamiento de Barcelona exigiera a la Generalitat la aplicación del mismo criterio de equiparar lo que invierte en él con lo que pagan sus vecinos? ¿Cómo podría la Generalitat hacer obras en pequeños pueblos del Pirineo o de otras zonas? Valórese todo ello antes de decir que "España nos roba".