8 de enero: los 50 años que celebra Pedro Sánchez

7/1/2025. G. Santos

El 8 de enero el gobierno de Pedro Sánchez inicia los actos de la celebración de los 50 años de "España en libertad". Viendo lo que pasaba en España el 8 de enero de hace 50 años, sorprendentemente, encontraremos algunas similitudes en los discursos de los gobiernos de entonces y de ahora.

El 8 de enero de 1975 las Cortes franquistas acogieron la presentación de un «ambicioso plan del Gobierno para el relanzamiento del sector de la construcción» (titular de ABC del día siguiente). Se pretendía «construir más de dos millones y medio de viviendas en los próximos seis años». En la presentación, el ministro de Vivienda, Luis Rodríguez de Miguel, utilizó expresiones que podrían ser perfectamente suscritas por miembros del actual Gobierno de España. Así, dijo, entre otras cosas:

«Queremos desarrollar el Régimen del Suelo y la Ordenación del Territorio, es decir, una política urbanística con el marcado signo social correspondiente a nuestro tiempo, evitando situaciones personales de privilegio, con equitativa distribución de gravámenes y derechos, procurando equilibrios demográficos en el asentamiento de industrias o residencias, exigiendo con equidad cuanto requiera el interés de la nación, las necesidades públicas y el bien común».

«Si queremos, en definitiva, que la especulación del suelo vaya desapareciendo de forma progresiva, es necesario arbitrar cauces para que la oferta del suelo urbanizado resulte suficiente y para que las plusvalías derivadas de la calificación residencial o industrial del suelo se distribuyan equitativamente. Hay que castigar la pasividad y estimular la colaboración urbanística, hay que premiar la inversión productiva y gravar la propiedad inerte y expectante. Y para ello hace falta ir a una reforma en profundidad del sistema legal que rige el urbanismo español».

«La indisciplina urbanística, originada por múltiples desviaciones, constituye uno de los mayores males del proceso de desarrollo urbano del país, al tener su origen en una desigual distribución de los beneficios y cargas del planeamiento, y en una excesiva privatización de los beneficios que comporta, sin adecuadas contrapartidas para el interés público».

Para conseguir los dos millones y medio de viviendas en los siguientes seis años y, no sólo eso, sino con una visión a más largo plazo, movilizar la inversión mínima estimada de 750.000 millones de pesetas (más de 4.507 millones de euros) necesaria hasta final de siglo para conseguir las dotaciones de suelo necesarias, se presentaba aquel 8 de enero el proyecto de ley de reforma de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana. El ministro expuso tres "escalones" necesarios para lograr los objetivos: «El primero es la existencia efectiva del planeamiento como base necesaria y fundamental en la que se definan los objetivos y se establezcan los programas. El segundo está constituido por los centros de gestión urbanística que permitan llevar a cabo el planeamiento, tanto a través de la iniciativa pública como de la privada. Y el tercero, por la organización administrativa capaz y adecuada para impulsar la acción». Además, entre otras medidas, se proponía «arbitrar nuevos cauces de financiación para el promotor y, sobre todo, para el adquirente y atraer mayores fondos del área privada a la construcción de viviendas».

El proyecto de ley que presentó el ministro fue tramitado y se convirtió en ley publicada en el BOE el 5 de mayo de aquel año 1975.

¿Esto también lo celebra Pedro Sánchez?

Aquel 8 de enero de 1975 se produjeron otras noticias que seguro que no son el motivo de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya elegido el 8 de enero para empezar los actos de los 50 años de "España en libertad". Así, por ejemplo, se informaba de que en Lebrija (Sevilla) dos trabajadores, uno de ellos «destacado sindicalista", eran multados por el gobierno por «alterar la convivencia social», alteración producida el 9 de diciembre anterior al llevar a cabo «una reunión pública ilegal».

El periódico La Vanguardia del 9 de enero incluía una relación de militares integrantes del Consejo Nacional o de las Cortes. La relación incluye a 21 militares que eran procuradores a Cortes, de los cuales 14 formaban parte, además, del Consejo Nacional, órgano que, según detallaba la información de la agencia Logos, tiene entre sus finalidades las de «encauzar dentro de los principios del Movimiento el contraste de pareceres sobre la acción política y cuidar de la permanencia y perfeccionamiento del propio Movimiento Nacional» y la de «promover la vida política en régimen de ordenada concurrencia de criterios». La presencia de estos militares en organismos tan importantes nos permite darnos una idea del poder con que contaba la institución militar y valorar, aún más, la transición a la democracia que se hizo poco después.

---

---