La trampa de la condonación de la deuda autonómica

21/3/2025. G. Santos

El 24 de febrero la ministra de Hacienda dio a conocer que el gobierno se plantea asumir 83.252 millones de la deuda de las comunidades autónomas. La propuesta, relacionada con los acuerdos con los independentistas catalanes, no es favorable para los cántabros.

La propuesta del Gobierno consta de tres fases para calcular los importes asumidos de cada comunidad autónoma. En la primera, que supone 60.232 millones, se tiene en cuenta la población ajustada y se asumen 1.369 euros de deuda por cada habitante. Con la cantidad resultante para cada comunidad, se calcula qué porcentaje representa de su deuda total y se saca la media de todas, que es el 19,33%.

A partir de esos datos se aplica la segunda fase, que pretende que el porcentaje de deuda perdonado a cada comunidad no baje de ese 19%. Para ello, a Cataluña, Valencia, Murcia, Baleares y Castilla la Mancha se les perdonan 11.514 millones adicionales (10.864 sólo entre Cataluña y Valencia). Con estas cantidades, la deuda asumida de cada valenciano llega a 2.284 euros, la máxima per cápita de todas las comunidades.

En la tercera fase se pretende que la deuda asumida de cada ciudadano de aquellas comunidades autónomas que entre 2010 y 2022 han tenido una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media, llegue a esos 2.284 euros de Valencia. Ello supone otros 11.506 millones adicionales.

Como vemos, la consecuencia de todo ello es que, al final, hay unas comunidades autónomas más favorecidas que otras. En lugar de repartir los 83.252 millones que se pretende condonar entre la población ajustada, utilizando únicamente el método de la primera fase, se introducen dos fases adicionales más que discutibles. La segunda fase premia a aquellas comunidades autónomas que más se han endeudado, mientras que la tercera intenta corregir supuestos fallos del sistema de financiación autonómica.

Cantabria sólo se beneficia de los importes de la primera fase ya que su nivel de endeudamiento no es tan grande como el de otras comunidades y, además, con el actual sistema de financiación autonómica es una de las más beneficiadas per cápita tal y como se hacen los cálculos (engañosos, porque, por ejemplo, una carretera en Cantabria tiene un coste, por su orografía, que repartido entre los menos de 600.000 cántabros hace que se dispare el ratio per cápita).

En números, a Cantabria se le perdonarían 809 millones de euros, que serían asumidos por el Estado central. Siendo los cántabros el 1,3% de toda la población, esos 809 millones son sólo el 1% del total de la deuda condonada. Para mantener la proporción, la deuda de Cantabria asumida debería ser 1.082 millones.

Podemos ver el perjuicio a los cántabros desde otro punto de vista. Para ello, tengamos claro que esos 83.252 millones de euros que dejarán de pagar las comunidades autónomas son asumidos por el Estado central. La consecuencia es que cada cántabro, por un lado, deja de deber 1.369 euros que le tocan de la deuda que no tendrá que pagar la autonomía; sin embargo asume una deuda, como ciudadano español, de 1.892 euros que le tocan de los 83.254 millones que se compromete a pagar el Estado central. En definitiva, si se aprueban esas cantidades, cada cántabro deberá 523 euros más que antes. Por el lado contrario, un catalán, por ejemplo, deberá 392 euros menos que antes.

María Jesús Montero insiste en que todas las comunidades salen beneficiadas y que no entiende la oposición a este reparto. Es obvio que, centrándose sólo en las cuentas propias a corto plazo, todas salen ganando porque borran deuda y dejan de pagar los correspondientes intereses. Pero, con una perspectiva más amplia y a más largo plazo, no pueden apoyarlo porque el Estado va a tener que pagar esos 83.254 millones y sus correspondientes intereses y todo lo que destine al pago de esa deuda lo va a restar de inversiones y gastos que van a repercutir en las comunidades autónomas. Ello no tendría consecuencias si la deuda per cápita asumida por el Estado fuera la misma en todas las comunidades, porque tanto da que lo pague la institución autonómica o la central, pero no siendo así, el perjuicio es claro para unas y el beneficio para otras.

Pese a lo dicho, si la llamada condonación sale adelante, lo lógico es que todas las comunidades, incluso las que se opongan, se acojan a ello ya que, en el caso de Cantabria, por ejemplo, si cargan a cada cántabro con la deuda ajena, los citados 1.892 euros, siempre será mejor rebajar el perjuicio hasta los 523 euros, endosando al Estado la parte que le permiten de deuda regional.

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